NO VA MÁS
Tenemos que revisar
a conciencia nuestro modelo de desarrollo urbanístico. Hay que romper con siglo
y medio de inercias. No va más. La urbanización,
que ha sido el más importante proceso de cambio en todos los tiempos, la
principal fuerza motora de nuestro pasado crecimiento económico (de alguna
manera, también la determinante de avances en nuestros niveles de calidad de
vida), se ha desarrollado sin sujeción a parámetros ordenadores al servicio de
la población. Los instrumentos y las técnicas urbanísticas no se han
predispuesto para hacer ciudad sino
para la transformación urbanística del suelo. Y su uso, en general, no ha
respondido tanto a afrontar las necesidades colectivas como a la voluntad de
satisfacer a grupos de interés políticamente organizados.
Las bases de nuestro
modelo de ocupación del territorio quedaron asentadas en la segunda mitad del
pasado siglo. Sus desequilibrios más enquistados proceden de entonces: un
determinado modelo de negocio inmobiliario y una legislación al servicio de un
urbanismo de gestión privada especulativa, que han movido permanentemente al
incremento de los precios de los productos inmobiliarios -suelo y vivienda-, y
a la expansión urbana. Un modelo que ha venido permitiendo el desarrollo
urbanístico basado el fomento público de construcción privada de vivienda de
obra nueva en propiedad, accesible con financiación ajena que, titulizada,
reforzaba y dinamizaba al propio sistema financiero; estímulos al sector de la
construcción con subsidios y desgravaciones; rentabilización de todo tipo de
inversiones inmobiliarias preferentemente a través de las plusvalías derivadas
de la promoción y venta libres de vivienda nueva que normalmente ocupaba nuevos
suelos o se desarrollaba demoliendo edificaciones antiguas, en detrimento de la
conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico existente.
Este modelo se ha
mantenido bajo cualquiera que haya sido el color de los Gobiernos que se han
sucedido. Un modelo que incitaba a las Administraciones
públicas a financiarse compartiendo las plusvalías e ingresos asociados al
desarrollo del proceso urbanizador, abriendo la puerta a los ingresos
irregulares y a las prácticas corruptas, propiciando a la vez una triple
alianza entre promotores, constructores y políticos locales y regionales con
competencias urbanísticas, sentando las bases para que el caciquismo prosperara
en torno al negocio inmobiliario. Desde el punto de vista de su repercusión
en la economía general, este modelo alimentaba el comportamiento cíclico del sector
inmobiliario, que quedaba expuesto a los avatares de la coyuntura económica,
provocando así sucesivas burbujas inmobiliarias, con los efectos que todos
conocemos respecto de la más reciente, la del decenio inmobiliario 1997-2007, donde el urbanismo salvaje asociado
a las medidas liberalizadoras de la economía que se pusieron en marcha a partir
de 1996, potenció hasta la extenuación sus más negativas repercusiones, en
términos medioambientales, económicos, sociales y culturales. Consumo
excesivo de suelo. Desarrollo de dinámicas urbanizadoras sin asunción
generalizada de criterios respetuosos con la conservación y puesta en valor del
patrimonio cultural. Falta de perspectiva interterritorial, que ha alterado las
tradicionales relaciones urbano-rurales, y condicionado la evolución previsible
de lo urbano y lo rural a medio plazo. Promociones de viviendas nuevas que han
terminado por construir un espacio urbano con grandes carencias en la
prestación de servicios a la población. Transformaciones urbanas auspiciadas
por la expectativa de generación de rentas, sustituyendo a la población
residente de rentas bajas por otra de mayor nivel económico…..
La necesidad de reivindicar el valor de los mecanismos públicos de
regulación en el ámbito del urbanismo se presenta hoy con especial intensidad.
De otra manera no es posible una política de ciudad que tenga por objeto
impedir que se rompa bruscamente el tejido social, que garantice el derecho a
una vivienda digna y asequible, que ponga en valor el patrimonio cultural, que
equilibre el sector inmobiliario, y que afronte los retos del cambio climático.
Conceptos como igualdad, diversidad, inclusión, proximidad, capacitación,
información, participación, convivencia, cohesión, seguridad, cooperación,
coordinación, concertación, transversalidad, integración, necesariamente
tendrán que estar presentes en las actuaciones urbanísticas en los próximos
años, y tendrán que venir acompañadas de transformaciones en la organización y
en la gestión urbana, en correspondencia con la complejidad de los desafíos y
la amplitud de las interdependencias de las acciones a desarrollar por los
distintos poderes públicos. No hay incertidumbres al respecto.
Este miércoles, subimos este artículo de María Rosario Alonso
Ibáñez. Un buen día, ns cruzamos por la red con ella y se prestó gustosa a
abordar en síntesis el semillero del que brotó la famosa burbuja inmobiliaria
que tan “felices” nos hizo. Le hemos pedido que se presente así misma:
“Vivo en Oviedo,
pero nací en Sigüenza en el año 1957. Allí vuelvo siempre que tengo ocasión.
Soy Catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo,
donde coordino el Grupo de Estudios Jurídico-Sociales sobre Territorio y
Desarrollo Sostenible, desarrollando
estudios y análisis innovadores articulados en propuestas para su aplicación y
gestión en las materias que guardan relación con los aspectos jurídicos y
sociales del urbanismo, el medio ambiente, la ordenación del territorio y el
patrimonio cultural y natural, o de las actividades que, como el turismo, el
comercio, el trasporte público y el tráfico en general, están vinculadas de
manera necesaria con la sostenibilidad urbanística y territorial. También he sido Directora General de Suelo y Políticas
Urbanas en la última etapa del Ministerio de Vivienda, hasta su desaparición en
el año 2010.”
Más información en es.linkedin.com/in/mralonso/Nick Twitter: mralonso57
Muchas gracias por tu generosa colaboración
