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Muchas somos las personas que nos hemos visto sorprendidas en las últimas
semanas ante la noticia de que un juzgado de Guadalajara ha decidido llamar a
declarar al alcalde de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido, por un supuesto
delito de estafa en unas obras de urbanización del nuevo centro joven de la
localidad.
Al igual que la mayoría de las y los azudenses, conozco a Pablo Bellido y
también conozco cuál es su modo de vida y su forma de ser, totalmente
incompatible con los hechos de los que el Partido Popular se ha empeñado en
acusarle por la vía de lo penal (a pesar de que en el Pleno celebrado en el
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, ante la falta de argumentos sobre los que
basar lo que considero una tropelía, el Grupo Municipal del PP trataba de
rebajar la importancia de su denuncia. Es más, muchos ciudadanos nos enteramos
en el Pleno de que el portavoz del Grupo Popular admitió que cuando firmó dicha
denuncia, desconocía su contenido y que simplemente había puesto su nombre a
unos documentos elaborados en otras instancias, así como de que el expediente
completo se les entregó no habiendo transcurrido una semana desde su petición,
aunque vilmente el PP argumentara que no se les facilitó nada. ¡Menos mal que
los registros no pueden mentir!).
Primeramente, la noticia me causó una total incredulidad, pero tras leer
la información publicada en algunos medios de comunicación, esa sensación se
transformó en indignación: la cacería cuatrianual del PP parecía nuevamente en
marcha.
Mucha gente, entre la que me incluyo, piensa que todo este asunto apunta
a la nueva “infamia” política con la que el Partido Popular nos obsequia en
cada periodo electoral, yendo más allá de un intento de desgatar al adversario,
rebasando cualquier límite imaginable de la decencia democrática y superando
con sus acusaciones el plano político para así tratar de devastar a una persona
en su esfera personal y moral. ¿Cuál es el verdadero error de Bellido? Ser el
alcalde socialista de un gran municipio como Azuqueca de Henares y no decaer en
la defensa de los intereses generales de sus vecinos y vecinas, y también ser
un referente de la izquierda guadalajareña, poniendo de manifiesto la crueldad de
De Cospedal y las consecuencias inhumanas de sus recortes.
Creo que es conveniente comenzar por aclarar el origen del asunto en
cuestión, antes de comenzar a analizar el “fin” que persigue el mismo, que es
realmente lo más indignante.
La cuestión en análisis comenzó con unas
obras del plan FEDER (fondos europeos) para la construcción del intercambiador
y centro joven del municipio. Como siempre en cualquier obra, por pequeña
que sea, hay que incluir modificaciones sobre el proyecto inicial porque como
saben todos los técnicos, es imposible contar con toda la información precisa
hasta que no se empieza a trabajar sobre terreno. La forma de articular estas
modificaciones consiste en una propuesta de la empresa constructora y una
aceptación -o no- de la misma por parte del director de la obra, un arquitecto
o una propuesta del propio técnico, que en definitiva son los encargados de
evaluar su viabilidad técnica y su valoración económica. Finalmente, el
Ayuntamiento es el encargado de ratificar esta decisión técnica, contando en
este caso además con una auditoría de las instituciones europeas por tratarse
de Fondos Europeos. Vamos, que no hay trampa ni cartón. Tanto o más es así, que
cualquier finalización de una obra debe ir acompañada tanto por un acta de
recepción en la que, reunidos dirección facultativa de la obra, representante
de la contrata, representante técnico de la Administración
y el propio Interventor Municipal
(es decir, ningún representante político, conforme a lo
determinado por el art. 235 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la
Ley de contratos del sector Público) se procede al
reconocimiento detallado de las obras y la comprobación de que se han ejecutado
razonablemente de acuerdo con el proyecto aprobado e instrucciones dadas por el
facultativo director de las obras, que se encuentran en buen estado y se pueden
entregar al uso o servicio correspondiente. Así, el representante técnico de
la Administración
acordará recibir las obras de referencia de conformidad con el art. 235
mencionado antes, iniciándose así y con esa fecha un plazo de garantía de un
año. El acta de recepción va acompañado en todos los casos de un
certificado final de obra suscrito por la dirección facultativa
(director de la obra y director de la ejecución de la obra) donde se da fe de
que la obra ha sido ejecutada bajo su control e inspección de acuerdo al
proyecto, la documentación técnica que las define y las normas de buena
construcción. Del mismo modo, en este acta de recepción se fijará por
parte del director de la obra un día para el inicio de la medición
general de las obras, quedando notificado de este modo al contratista para
dicho acto, donde se llevará a cabo la toma de datos correspondiente y la
medición de lo realmente ejecutado (de conformidad al art.166 del Reglamento
General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de
12 de Octubre). Este acta de medición general de la obra sólo es firmado por
el técnico director de obra y un representante de la contrata.
Este funcionamiento es el normal en todos y cada una de las licitaciones
de obras en los Ayuntamientos, por supuesto también los gobernados por el PP,
entre otras cosas porque no existe otro posible. Como Ingeniero de proyectos os
puedo asegurar que no es posible contemplar el 100% de la realidad física en un
papel y por lo tanto la modelización de un proyecto jamás será perfecta.
La gran diferencia existente en este caso es que el PP de Azuqueca de
Henares parece que tenga la orden de enturbiar la campaña electoral, más aún
después de su grave
crisis interna en esta legislatura donde su grupo municipal se deshizo.
Cospedal se vuelve a jugar la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha precisamente en
nuestra provincia y parece estar dispuesta a todo, aún sabiendo que el asunto
terminará con un sobreseimiento, como ya sucediera con
una denuncia
anterior del PP por una exposición de fotos y que no sirvió para más que
para hacer el ridículo entre toda la ciudadanía de Azuqueca y denotar de ese
modo su falta de aprecio a la libertad de expresión y la cultura. Aunque eso
sí, a través de algunos pseudomedios de comunicación
de Guadalajara consiguieron esos diez minutos de basura politiquera para ver si así consiguen ir sembrando esa
semillita de la duda entre los potenciales
votantes. Ni el clientelismo y caciquismo de Romanones podrían revivir
de mejor manera, se ve que aún nos queda algún poso de aquello.
Una vez aclarado el corazón de la polémica quisiera pasar a poner sobre
la mesa el “fin” del asunto, que para mí es lo más alarmante.
Como ya he comentado al inicio de este artículo, el PP de la provincia de
Guadalajara nos tiene acostumbrados a que cada cuatro años, siempre unos meses
antes de las Elecciones Autonómicas y Municipales, nos sorprende con un asunto
jurídico que suele diluirse después de las Elecciones pero que durante ese
periodo crucial en sirve para “enmierdar” el ambiente. En
2007 fue el escándalo del piso atribuido al entonces alcalde socialista de la
capital que tras la cita electoral quedó en nada y sin embargo ayudó al PP
a recuperar la alcaldía en esa legislatura. Después, el tema preferido por el
PP para judicializar la política fue la tragedia del incendio de Guadalajara,
que tras varios años de calvario profesional
y personal, tanto
los técnicos como los políticos encausados fueron exculpados finalmente por la
Audiencia de Guadalajara. En esta ocasión, una vez más se utilizó
políticamente la desgracia meses antes de las Elecciones que a la postre
coadyuvaría a que De Cospedal ganase las Elecciones en Castilla-La Mancha gracias
a la provincia de Guadalajara donde consiguió su mayoría parlamentaria por
un diputado en el conjunto de la región. Así pues, cómo no, en 2015 el Partido Popular no podía
dejar pasar la oportunidad de dar un codazo vía judicial a sus rivales para
esta nueva carrera electoral.
Evidentemente, el PP dirá que son decisiones judiciales. Nada más lejos
de la realidad cuando se trata de instrumentalizar la Administración de
Justicia (no olvidemos que el poder judicial es nada menos que uno de los tres
Poderes del Estado) para generar “polémicas mediáticas” creadas con la
intención de interferir en los procesos electorales, buscando el interés
espurio y no la verdad. Baste recordar
estos dos artículos: el
primero publicado por el diario El País en marzo de 2008 y este
segundo publicado por La Crónica en julio de 2010 para que a cualquier
ciudadano le asalten serias dudas sobre el procedimiento y el resultado que
este tuvo. Nadie repuso el daño ocasionado a los afectados al final del proceso
y la presidenta de la
Audiencia Provincial , y amiguísima de De Cospedal hoy es
magistrada.
Pablo Bellido ha hecho lo que muy pocos políticos se atreven a hacer hoy
en día: dar la cara sin excusas ni ambages, con la verdad por delante,
compareciendo públicamente todos los días y pidiendo
declarar cuanto antes, No
ha hecho más que practicar la transparencia ya conocida en el Ayuntamiento de
Azuqueca y ha puesto a disposición de los ciudadanos y medios de
comunicación toda la documentación correspondiente a la obra.
Resulta curioso que el propio PP de Azuqueca no
quiera pedir la dimisión de Pablo Bellido como alcalde, así como que el
“informe” que aporta el PP, firmado por dos arquitectos vinculados para el aliado
mediático de De Cospedal en Guadalajara , obrara en su poder desde el mes
de noviembre y sin embargo lo saquen a la luz ahora. Me pregunto que si tan
seguros estaban de la veracidad de ese “informe”, ¿mantenerlo oculto durante
meses no va en perjuicio de los intereses públicos de los Azudenses?
Este miércoles, subimos
este artículo de S.Martínez, ingeniero con una dilatada experiencia en la
redacción de proyectos y obras, con la diferencia con respecto a otros ocasiones que desde el conjunto de personas que conformamos la organización, lo suscribimos y hacemos nuestro letra por
letra y punto por punto de sus reflexiones. Después de leerlo continuamos haciéndonos esta pregunta ¿un tema puramente técnico por qué salpica en primer lugar al alcalde? Parece sin más un aviso a navegantes. La política más pronto que tarde se quedará sola. Eso
sí, quedará el politiqueo y una buena ley mordaza. ¡Salud!
