Estamos en una época
de grave crisis en lo económico y social, pero también una no menos grave
crisis, de transparencia legal y ética de las instituciones y estamentos que
fundamentan nuestro modelo democrático.
Esta crisis de transparencia legal y ética de las instituciones o
estamentos que fundamentan nuestro modelo democrático, esta generada en gran
parte por la desaparición de controles rápidos y eficaces, que de manera
efectiva transparenten la actual opacidad con la que de manera general actúan.
Los últimos casos, ponen en evidencia esta falta de transparencia y de
controles que puedan detectar de forma rápida y eficaz la aparición de
conductas irregulares y/o poco éticas sobre la gestión económica de estas
instituciones o estamentos. Además también ponen en cuestión la realidad de
transparencia, participación y democratización de los mismos en los niveles de
contratación, tesorería, gerencia y dirección, dejando claro, un déficit que no
solo actúa en lo interno de estas instituciones o estamentos, sino que en
aquellos, pocos, lentos e ineficaces controles que aun existen, que como tales,
solo obedece su mantenimiento en los términos actuales, para legitimizar todo
el sistema. Un sistema que está hecho y mantenido para garantizar la
opacidad actual frente a la transparencia que debería de impregnar todo lo
público o que perciba dinero público.
El Tribunal de
Cuentas es en sí mismo un control, pero a todas luces, un control desfasado,
lento y poco efectivo, para conseguir que la transparencia no sea solo una
actitud voluntaria, sino una actuación obligada, por medio de legislación
tendente a propiciar la transparencia y no la opacidad como hasta ahora, estos
órganos tienen que ser más agiles, tener mecanismos más rápidos de actuación y
sus informes tienen que ser vinculantes con el resto del ordenamiento jurídico,
para que sus conclusiones puedan ser en sí mismo el auto instructor contra
aquellas cuestiones irregulares y dejen de ser simplemente un papel mojado,
caduco y prescrito.
Nuestra obligación como ciudadanos es cumplir con nuestras leyes y
normas, pero también propiciar el cumplimiento por parte de los otros, el
silencio o la omisión de información en cualquier delito o irregularidad de la
vida normal, sabemos que es una infracción en sí misma, pero ante
irregularidades o hechos poco éticos de instituciones y estamentos, se ejerce
el silencio o la contención en la denuncia, tanto interna como externa, más
allá de formar parte en la mayoría de las ocasiones del “secreto a voces”. Este
silencio o contención viene dado por la presión y control que ejerce el poder
sobre el conjunto de las y los ciudadanos que están bajo su influencia, siendo
trasladado por los mismos como cuestión de confianza o lealtad hacia la figura
que representa, lo que conlleva a una institucionalización a todos los niveles
de la corresponsabilidad de las situaciones que puedan venir generadas por esa
irregularidad o actuación poco ética o transparente.
Para ello, creo que
hay que exigir varias cuestiones para la consecución de actuaciones
transparentes, por parte de esas instituciones y estamentos y las personas que
de manera pública u orgánica las dirigen o trabajan en ellas. Estas medidas
entre muchas otras pasa por: .- La imprescriptibilidad de los delitos en cargos
públicos, institucionales u orgánicos de instituciones o estamentos que reciban
o aporten dinero público. .- La publicación de las declaraciones de renta de
cargos públicos, institucionales u orgánicos de instituciones o estamentos que
reciban o aporten dinero público. .- El desaforamiento de los cargos públicos,
para poder ser juzgados por la justicia ordinaria.
Pues bien, después de esta reflexión, que no es nueva, ni descubro y que
como el conjunto, me considero parte del problema, he querido también
trasladar, como ciudadano que soy, algunas cuestiones sobre la mejora de
algunos elementos de control y transparencia en estamentos o instituciones, que
creo que se tendrían que dar para mejorar en forma de leyes y normas, que sean
de aplicación obligada, para sino solucionar del todo está grave crisis de
transparencia y de confianza en el sistema democrático, si, en todo caso, hacer
más difícil la aparición sistemática de estos elementos de irregularidad y
falta de ética y transparencia en la gestión pública o de lo público.
Esta es una tarea de
todos, y el todo empieza en la responsabilidad de la aplicación a uno mismo, es
por lo tanto la implantación de un sistema de control garante con la
trasparencia y con la aplicación de medidas que permita actuaciones rápidas,
que permita una auto aplicación, que además este supeditada a varios y variados
sistemas de control autónomos e independientes con vinculación directa sobre la
actuación inmediata para la paralización, corrección y denuncia de deficiencias
de oficio por parte de los tribunales de justicia, y la obligatoriedad de ser
propiamente la institución o estamento quien denuncie y actúe ante esos hechos.
Este miércoles
subimos un artículo de un ciudadano “casi” de Guadalajara. Su nombre es el de
Raul Santiago García y podría haberlo sido porque conserva bastantes amig@s en
nuestra provincia, pero ha terminado formando parte de ese numeroso grupo de
ciudadan@s que el trabajo les llevó hasta Madrid y allí se ha quedado. Como muchos
de nosotr@s anda harto de estar harto cuando descubre cada día una nueva
imputación de un político, un gran empresario…hoy de nuestra querida Infanta de
España…¿qué más decir después de ver el escaparate?... más bien poco, porque
casi todo el país estará de acuerdo en reflexiones como esta. Gracias Lagar.
