“Si la Justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario, ya no sería Justicia”, Paul Auster.
He querido empezar este artículo de opinión con una cita de un escritor y no de un jurista renombrado porque entiendo que, a veces, en la sencillez de una afirmación se puede entender todo mejor. Vivimos tiempos convulsos, hablamos de cambios de ciclos, de ajustes, de vivir por encima de nuestras posibilidades. Vemos cómo mutan derechos que entendemos adquiridos con orgullo por haberlos logrado en escasos 30 años, y ahora le ha tocado a la Justicia.
En España, la gran asignatura pendiente es la modernización de la Justicia , y todo aquel que trabaja en este medio o ha tenido que recurrir a ella para defender sus pretensiones lo sabe. Se consiguió una educación pública, acceso a la sanidad universal, se transformó el sistema de recaudación tributaria y la última pata que se viene abajo por momentos: la Dependencia.
El pasado 20 de noviembre de 2012 se aprobó la Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Es un parche. El ministro Gallardón pretendió vender esta ley como su gran reforma de la administración de Justicia para ganar eficacia y eficiencia, pero ha conseguido que todos los operadores jurídicos se hayan puesto de acuerdo para rechazarla. Eso desde luego tiene un gran mérito, pero hasta aquí se puede leer, el resto es un despropósito.
Cuando hablamos de la tutela judicial efectiva consagrada en el art 24 de la Constitución Española nos referimos a: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Pues a costa de las clases medias de este país, que por otro lado son las propias de las democracias, se “mejorará” el funcionamiento de la Justicia en España, porque seremos las clases medias las que no podremos pagar para defender nuestros intereses. Por tanto nos quedaremos con un modelo de Justicia de dos velocidades: La de aquellos que si podrán pagársela y la Justicia a la que podrán acceder quienes cumplan los requisitos necesarios para beneficiarse de la Asistencia Jurídica Gratuita.
Y aquí llega la pregunta: ¿Pero esto en euros cómo se llama? Algunos ejemplos : en un juicio verbal en el que la cuantía ascienda a 3.000 euros habrá que satisfacer 165 por la demanda (150+15) y, caso de interponer recurso de apelación, habrá que sumar 815 (800+15), lo que supone un total de 980 euros, que supondría casi el 33% de lo reclamado.
Si se trata de un juicio ordinario civil en el que la cuantía ascienda a 1.000.000 euros habrá que satisfacer 5.300 por la demanda (300+5.000); 5.800 por la apelación (800+5000) y 6.200 por la casación (1.200+5.000). En total serían 17.300 euros, lo que supone 16 veces el doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2013 (1.065,02), y más de 26 veces el Salario Mínimo Interprofesional (654,30). La propia demanda equivale en este caso a ocho veces el Salario Mínimo Interprofesional.
Si se trata de un contencioso-administrativo en el que se recurren sanciones de 200 o 300 euros impuestas, por ejemplo, en aplicación de la Ley de Seguridad Vial o de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la demanda implica el pago de 200 euros, la apelación 800 y, de ser posible, la casación 1.200. La propia tasa de la demanda puede ser superior, igual o poco inferior al importe de la sanción impuesta.
Hay decenas de conclusiones sobre la aplicación de esta ley, pero una de las más evidentes es que la obstaculización por motivos económicos favorece a quien está lesionando un derecho. Ejemplo de ello pueden ser supuestos de morosos, donde el perjudicado tendrá que negociar su deuda, por supuesto a la baja, fuera del contexto jurisdiccional. Lo mismo sucede con las víctimas de violencia de género, que deberán pagar para divorciarse de su agresor.
El gasto de la Justicia en España es de 250 millones de euros de un total de 3.837 millones de euros. La Ley estima recaudar unos 400 millones de euros pero, cómo no, ese excedente se ingresará al Tesoro Público y no se vincula a la finalidad de la propia ley. Así subyace el elemento recaudador estrictamente sin entrar en el fondo, en un debate sobre qué debe ser la Administración de Justicia en el Estado español. Mucho se habla estos días de transparencia, pero desde luego esta ley obstaculiza de paso el control jurisdiccional de la Administración Pública.
Finalizo con un fragmento de la STC 301/2006, 23 de Octubre que dice: “En una sociedad democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino un ámbito de participación”. Platón declaró quela Justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte. No cabe la menor duda de que en este caso la Ciudadanía tendrá que movilizarse más para conseguir ser la vencedora.
Hoy subimos un artículo cuya reivindicación está la borde de la extinción según hemos podido saber hace pocos días. Nos lo envía Leticia Teboul, jurista de profesión y amiga malagueña vinculada a Guadalajara por eso mismo, por amistad. Decimos que los cambios en la Ley de Tasas están al borde del cambio, porque el ministro Gallardón acaba de anunciar una revisión de las mismas a la baja. La ciudadanía, los propios profesionales de la Justicia y hasta la Defensora del Pueblo se han levantado en contra de este producto aberrante que nos quería colocar el ministro. Decimos producto porque cada vez nos da más la impresión de que hemos pasado de ser ciudadan@s a clientes. Muchas gracias, Leti.
